Investigan a juez Richard Concepción por supuesto abuso de autoridad

La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar al juez Richard Concepción Carhuancho por el supuesto delito de abuso de autoridad. Esto a raíz de una denuncia del encarcelado Rodolfo Orellana, presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos.

El pasado 1 de octubre, Concepción convocó a una audiencia en la que dispuso una nueva medida de prisión preventiva por 36 meses para el abogado Orellana, recluido en el penal de Challapalca, y su hermana Ludith Orellana, encarcelada en el penal de Chorrillos, por un caso de presunto lavado de activos.

De acuerdo con la resolución de la fiscal Milagros Mora Balarezo, Orellana denunció al juez Concepción porque este le notificó la citación de la audiencia del 1 de octubre al día siguiente de su realización, lo cual –según el investigado– habría afectado su debida defensa.

Esta orden de prisión preventiva es por el caso de la participación de los hermanos Orellana en un “saneamiento criminal” de dos inmuebles en la Galería Santa Lucía –ubicada en el emporio comercial de Gamarra–, en la que también están involucrados el empresario y pastor evangélico Vicente Díaz Arce y su esposa Elizabeth Palomino.

—Niegan reprogramación—

Rodolfo Orellana sostuvo que cuando fue trasladado de su celda a la sala de videoconferencias del penal, desde donde participaría en la audiencia, recién se enteró de que esta era para variar la comparecencia simple por la de prisión preventiva. Por ello, solicitó al juez la reprogramación de la diligencia con el fin de preparar su defensa, pero Concepción –según la denuncia– decidió continuar con la reunión.

Para Orellana, según la resolución fiscal, eso “constituye un hecho arbitrario que vulnera el contenido esencial de su derecho de defensa”.

En una disposición firmada el 16 de noviembre, la fiscal Mora solicita al juez Concepción que remita a su despacho un informe de descargo sobre las imputaciones en su contra en el plazo de cinco días útiles. 

También ordena “realizar las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.